Nervios ante la sentencia del IRPH

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Entidades bancarias y afectados esperan con impaciencia la sentencia del TJUE sobre la condición legal de las hipotecas comercializadas con el IRPH como índice de referencia

La banca y los españoles con una hipoteca con el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) como referencia están a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que puede costar a las entidades financieras más de 40.000 millones de euros.

El martes 10 de septiembre el Abogado General de la Unión Europea se pronunciará sobre el índice de referencia IRPH, comercializado de forma masiva en 2007 y 2008, una época en que el euríbor estaba en máximos históricos, pero el IRPH llegó a estar más alto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe señalar si la cláusula del índice IRPH es nula o no. También deberá pronunciarse sobre qué tipo de controles de transparencia deberían haberse aplicado y deberá valorar la posibilidad de conceder la retroactividad, en caso de que la conclusión sea contraria a los bancos.

La banca española vendió durante los años del boom inmobiliario el IRPH como alternativa al Euribor, lo que encareció las cuotas de las hipotecas afectadas entre 200 y 300 euros al mes, según cálculos de plataformas de afectados. Ahora, lo que se se va dirimir la justicia europea es si su aplicación a los clientes se hizo con transparencía.

Las entidades afectadas

Las entidades más expuestas son Caixabank y el Santander, con un 24% de los préstamos en cartera; seguidas por Kutxabank, con el 18%, Bankia y BBVA, con el 10% cada una; la extinta CatalunyaCaixa (integrada en BBVA) y Grupo Caja Rural, con un 4% en ambos casos, y el Sabadell, con el 3%. Asufin, que ha presentado cinco demandas colectivas en contra de otras tantas entidades por este indicador, refiere que Caixabank, Santander, Kutxabank y BBVA son las entidades que desde el año 2013 acumulan el mayor número de sentencias por el IRPH. El grueso de los fallos judiciales se localiza en Cataluña, País Vasco y Andalucía, con el 64% de las sentencias emitidas desde entonces.

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